Perros que protegen a los osos

Perros que protegen osos

Una unidad canina perseguirá el uso ilegal de veneno en el territorio oriental del oso pardo cantábrico.

El proyecto piloto Muruna, auspiciado por diferentes fundaciones conservacionistas y financiado por la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la Fundación Biodiversidad, ha puesto a disposición de las instituciones públicas de Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria una unidad canina de disuasión y lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados en el territorio oriental del oso pardo cantábrico.

Esta acción se enmarca dentro de la colaboración ciudadana que reclama la «Estrategia Nacional contra el Uso de Cebos Envenenados en el Medio Natural» aprobada en octubre de 2004 por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y redactada por técnicos de todas las comunidades autónomas y del Ministerio de Medio Ambiente.

La unidad canina hará labores preventivas y se le dará la mayor publicidad posible como elemento disuasorio y de concienciación. Otra labor será la de limpieza en casos de colocación de cebos envenenados y la comprobación de sospechas fundadas.

La protagonista de esta iniciativa es la perra pastor belga malinois «Mira de Jelova», adiestrada durante 2009 para la detección de veneno por Jesús López, que trabaja en esta materia para la Junta de Andalucía, cuya Consejería de Medio Ambiente ha firmado un convenio con la Fundación Monte Mediterráneo para cooperar en el proyecto Muruna. El guía será el naturalista Joaquín Morante, vecino de Lores, aldea de La Pernía, Palencia, situada en pleno corazón osero.

Nuevo varapalo a la minería a cielo abierto de Victorino Alonso

El Supremo condena a Victorino Alonso a pagar casi 14 millones a Unión Fenosa

El tribunal considera que vendió carbón de menor calidad que la estipulada a la eléctrica l El empresario negocia la forma de pago de la sanción.

El Tribunal Supremo ha condenado al empresario minero leonés Victorino Alonso a pagar a Unión Fenosa 7,4 millones de euros, que serán casi 14 por los intereses y las costas judiciales, ya que el proceso se inició en 1993. La empresa de generación eléctrica había denunciado a Alonso por suministrar carbón de mala calidad a la central térmica de La Robla en 1992, un caso que se conoció como «el fraude del carbón». El fallo es inapelable. Fuentes del grupo empresarial de Victorino Alonso indicaron que ya se está negociando con Unión Fenosa el método de pago de la sanción.

El proceso judicial por el «fraude del carbón» se inició en 1993, con una denuncia por la vía penal contra el empresario leonés. Esta querella fue archivada al entender el instructor del caso que no había delito. Esta primera resolución no agotó la vía civil, que ha venido coleando hasta ahora. Sin embargo, Unión Fenosa se agarró a esta vía hasta que ahora, en última instancia, en el Tribunal Supremo, los jueces han dado validez a sus tesis, lo que obliga a Victorino Alonso a pagar a la eléctrica 7,4 millones de euros, más intereses y las costas del proceso judicial: en total, casi 14 millones.

Polémica por cambios en el mapa del parque natural Fuentes del Narcea

Los ecologistas piden que el coto de Cangas vuelva a ser parte del parque

Doce colectivos alertan de la gravedad de la situación creada en Fuentes del Narcea

Parque natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, en gris, con el coto de caza destacado en tono oscuro. reproducción de pepe rodríguez

Cangas del Narcea,

Pepe RODRÍGUEZ

Varios grupos ecologistas han alzado la voz para alertar de la situación creada en el parque natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias por la ley 1/2010 del 12 de febrero, que excluye la superficie del coto de caza del espacio protegido.

Según estas organizaciones, la ley no deja lugar a interpretaciones: en los terrenos del coto de caza del Narcea no tendrá aplicación la ley del parque natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y, por lo tanto, todo ese terreno deja de ser, de facto, parte del espacio protegido. Los ecologistas denuncian que «la desafección efectiva tras la aprobación de la Ley que supone reducir en casi 10.000 hectáreas el parque natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias se ha llevado a cabo sin ser tratada en el Patronato del parque y sin que se haya consultado a entidad alguna, de una forma oscurantista que nos resulta, cuando menos, sorprendente».

Por eso, los ecologistas solicitan que se reconsidere la Ley recientemente aprobada y que los terrenos que ahora han sido excluidos del parque natural sean restituidos al mismo. Los doce colectivos firmantes del comunicado son la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, la Asociación para la Defensa Jurídica del Medio Ambiente (Ulex), la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, la Asociación para la Conservación del Lobo (Ascel), el Colectivo Ecologista de Avilés, la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza (ANA), los Ecoloxistes n'Aición d'Asturies, la Coordinadora Ornitolóxica d'Asturies, Ereba Ecología y Patrimonio, el Grupu de Ornitoloxía Mavea, SOS Cuideiru y el grupo ecologista El Carbayu, de Valdés.

A juicio de todos ellos, la situación generada por la nueva ley es grave y evidencia «los múltiples incumplimientos del Gobierno regional en cuanto a la aplicación de leyes ambientales y pone de manifiesto su incoherente política en esta materia, al tiempo que conduce una agresiva política mediática vendiendo (literalmente) los valores del "Paraíso Natural"».

Según estos colectivos, el enunciado de la ley implica que los vecinos no podrán acceder a subvenciones ni a pagos por ataques del lobo al ganado, por ejemplo, y significa crear una isla dentro del territorio protegido.

La ley se modificó con base a la buena gestión de los cazadores, que estaban llevando el coto de manera provisional. El Gobierno del Principado estimó que su gestión había sido muy positiva para la zona y decidió corresponder a este trabajo con la concesión definitiva de la gestión del coto a sus usuarios. El problema, según los ecologistas, es que la redacción del texto ha sido una chapuza. El cambio legislativo fue aprobado por los tres partidos políticos presentes en la Junta General del Principado.