Los ecologistas piden que el coto de Cangas vuelva a ser parte del parque
Doce colectivos alertan de la gravedad de la situación creada en Fuentes del Narcea
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Parque natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, en gris, con el coto de caza destacado en tono oscuro. reproducción de pepe rodríguez
Pepe RODRÍGUEZ
Varios grupos ecologistas han alzado la voz para alertar de la situación creada en el parque natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias por la ley 1/2010 del 12 de febrero, que excluye la superficie del coto de caza del espacio protegido.
Según estas organizaciones, la ley no deja lugar a interpretaciones: en los terrenos del coto de caza del Narcea no tendrá aplicación la ley del parque natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y, por lo tanto, todo ese terreno deja de ser, de facto, parte del espacio protegido. Los ecologistas denuncian que «la desafección efectiva tras la aprobación de la Ley que supone reducir en casi 10.000 hectáreas el parque natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias se ha llevado a cabo sin ser tratada en el Patronato del parque y sin que se haya consultado a entidad alguna, de una forma oscurantista que nos resulta, cuando menos, sorprendente».
Por eso, los ecologistas solicitan que se reconsidere la Ley recientemente aprobada y que los terrenos que ahora han sido excluidos del parque natural sean restituidos al mismo. Los doce colectivos firmantes del comunicado son la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, la Asociación para la Defensa Jurídica del Medio Ambiente (Ulex), la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, la Asociación para la Conservación del Lobo (Ascel), el Colectivo Ecologista de Avilés, la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza (ANA), los Ecoloxistes n'Aición d'Asturies, la Coordinadora Ornitolóxica d'Asturies, Ereba Ecología y Patrimonio, el Grupu de Ornitoloxía Mavea, SOS Cuideiru y el grupo ecologista El Carbayu, de Valdés.
A juicio de todos ellos, la situación generada por la nueva ley es grave y evidencia «los múltiples incumplimientos del Gobierno regional en cuanto a la aplicación de leyes ambientales y pone de manifiesto su incoherente política en esta materia, al tiempo que conduce una agresiva política mediática vendiendo (literalmente) los valores del "Paraíso Natural"».
Según estos colectivos, el enunciado de la ley implica que los vecinos no podrán acceder a subvenciones ni a pagos por ataques del lobo al ganado, por ejemplo, y significa crear una isla dentro del territorio protegido.
La ley se modificó con base a la buena gestión de los cazadores, que estaban llevando el coto de manera provisional. El Gobierno del Principado estimó que su gestión había sido muy positiva para la zona y decidió corresponder a este trabajo con la concesión definitiva de la gestión del coto a sus usuarios. El problema, según los ecologistas, es que la redacción del texto ha sido una chapuza. El cambio legislativo fue aprobado por los tres partidos políticos presentes en la Junta General del Principado.
